La no cultura vial I


Licencias
El Imparcial 8 de julio del 2012



En tiempos recientes hemos mantenido un debate hacia el interior de la ciudad sobre la necesidad de modificar muchas de las estrategias que complican el flujo vial de la mancha urbana. Sin embargo, de entre todas estas posibles soluciones, de la que menos se discute es quizás la más económica de poner en práctica: La cultura vial.

Por ambiguo que parezca este término, puede representar un salto cualitativo en la calidad de vida de cientos de miles de personas. El problema tiene muchas vertientes e involucra, una serie de aspectos, que abarcan desde el ámbito de lo social hasta el de la administración pública.

De nuevo esta situación tiene mucho que ver con la falta de normativa o su aplicación. En un país donde para obtener una licencia de conducir no es ni siquiera necesario saber leer, es de esperarse que estos problemas surjan casi de manera automática. En el distrito Federal por ejemplo, es más tardado pagar el recibo de la luz que sacar una licencia, y de echo ambos trámites se hacen en el mismo lugar, un super mercado. Y basta con firmar una hoja donde aseguras saber conducir, es decir ellos confían en nuestra honestidad.

Cuando esta medida se implantó se argumentó que se hacía para evitar la corrupción que giraba alrededor de la concesión de licencias. Es decir, en vez de atacar la corrupción eliminaron el proceso, se imaginan si hicieran esto con el resto de las normas que atañen al gobierno de la ciudad. Prácticamente significaría la desaparición de su administración pública.

La verdad es que esta medida era acompañada de otras iniciativas que inducían el crecimiento del padrón vehicular de la ciudad. AMLO, como ningún otro gobernante de la Ciudad de México, motivó el uso de vehículos automotores. Construyó segundos pisos, y distribuidores viales, abarató impuestos, defendió el subsidio de las gasolinas, e hizo que la obtención de una licencia fuera como comprar un kilo tortillas.

La última acción de este tipo implica un subsidio del 100% al pago de la tenencia, impulsado este mismo año. El resultado, en lo que va de gobiernos perredistas el padrón vial del DF se ha multiplicado prácticamente por tres. La mayor parte de estos nuevos conductores, no ha tenido un mínimo de educación vial, y ni siquiera conocen el reglamento de transito de la entidad.

Si bien el caso del DF es la referencia, iguales circunstancias se repiten en la mayor parte de las entidades del país sin distinción de partido, entre ellas la nuestra. A diferencia de otros lugares, donde se ha hecho un intenso trabajo para regular la obtención de permisos, en México se avanza en dirección de una desregularización, que ha dado como resultado una masa de conductores desconocedores por completo de sus derechos y obligaciones al volante.

Países como España por ejemplo, exigen comprobar que el conductor ha cursado un mínimo de horas en una academia certificada antes de entregar un permiso. El trámite dura varios meses e implica un gasto considerable para el solicitante. Esto, lo mismo desalienta el uso de automóviles que garantiza que quienes tiene una licencia están capacitados y conocen el reglamento vial y de seguridad que implica la responsabilidad de conducir un coche.

Mismo modelo con distintas variables se repite en la mayor parte de los países desarrollados del mundo, donde conducir un automóvil esta bajo un serio control del estado. De nuevo en España, hace poco adoptaron un modelo usado ya en otros países, que incluye un formato de licencia por puntos. Cada falta que el conductor hace implica la pérdida de puntos en su permiso, hasta que estos se agotan y se obtiene la pena máxima la cancelación del permiso por varios años.

Como resultado de esta política, el número de accidentes mortales en España bajó un 45%. Un número que demuestra la eficacia de medidas regulatorias, que de ser bien aplicada implican un beneficio directo para el usuario de un automóvil.

Lo que no puede seguir existiendo son conductores ignorantes de la ley, menores de edad al volante de unidades de transporte público, y falta de control por parte del estado. Ninguna política que se implemente o infraestructura que se adecue tendrá el resultado esperado, si esta no se acompaña por un programa de concientización sobre los reglamentos y ordenes existentes. Al final, es una obligación y un beneficio mutuo que puede no sólo agilizar la ciudad, si no también hacerla un lugar más humano por el bienestar de todos.  

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