La no cultura vial I
Licencias
El Imparcial 8 de julio del 2012
En tiempos recientes hemos
mantenido un debate hacia el interior de la ciudad sobre la necesidad
de modificar muchas de las estrategias que complican el flujo vial de
la mancha urbana. Sin embargo, de entre todas estas posibles
soluciones, de la que menos se discute es quizás la más económica
de poner en práctica: La cultura vial.
Por ambiguo que parezca
este término, puede representar un salto cualitativo en la calidad
de vida de cientos de miles de personas. El problema tiene muchas
vertientes e involucra, una serie de aspectos, que abarcan desde el
ámbito de lo social hasta el de la administración pública.
De nuevo esta situación tiene
mucho que ver con la falta de normativa o su aplicación. En un país
donde para obtener una licencia de conducir no es ni siquiera
necesario saber leer, es de esperarse que estos problemas surjan casi
de manera automática. En el distrito Federal por ejemplo, es más
tardado pagar el recibo de la luz que sacar una licencia, y de echo
ambos trámites se hacen en el mismo lugar, un super mercado. Y basta
con firmar una hoja donde aseguras saber conducir, es decir ellos
confían en nuestra honestidad.
Cuando esta medida se
implantó se argumentó que se hacía para evitar la corrupción que
giraba alrededor de la concesión de licencias. Es decir, en vez de
atacar la corrupción eliminaron el proceso, se imaginan si hicieran
esto con el resto de las normas que atañen al gobierno de la ciudad.
Prácticamente significaría la desaparición de su administración
pública.
La verdad es que esta
medida era acompañada de otras iniciativas que inducían el
crecimiento del padrón vehicular de la ciudad. AMLO, como ningún
otro gobernante de la Ciudad de México, motivó el uso de vehículos
automotores. Construyó segundos pisos, y distribuidores viales,
abarató impuestos, defendió el subsidio de las gasolinas, e hizo
que la obtención de una licencia fuera como comprar un kilo
tortillas.
La última acción de este
tipo implica un subsidio del 100% al pago de la tenencia, impulsado
este mismo año. El resultado, en lo que va de gobiernos perredistas
el padrón vial del DF se ha multiplicado prácticamente por tres. La
mayor parte de estos nuevos conductores, no ha tenido un mínimo de
educación vial, y ni siquiera conocen el reglamento de transito de
la entidad.
Si bien el caso del DF es
la referencia, iguales circunstancias se repiten en la mayor parte de
las entidades del país sin distinción de partido, entre ellas la
nuestra. A diferencia de otros lugares, donde se ha hecho un intenso
trabajo para regular la obtención de permisos, en México se avanza
en dirección de una desregularización, que ha dado como resultado
una masa de conductores desconocedores por completo de sus derechos y
obligaciones al volante.
Países como España por
ejemplo, exigen comprobar que el conductor ha cursado un mínimo de
horas en una academia certificada antes de entregar un permiso. El
trámite dura varios meses e implica un gasto considerable para el
solicitante. Esto, lo mismo desalienta el uso de automóviles que
garantiza que quienes tiene una licencia están capacitados y conocen
el reglamento vial y de seguridad que implica la responsabilidad de
conducir un coche.
Mismo modelo con distintas
variables se repite en la mayor parte de los países desarrollados
del mundo, donde conducir un automóvil esta bajo un serio control
del estado. De nuevo en España, hace poco adoptaron un modelo usado
ya en otros países, que incluye un formato de licencia por puntos.
Cada falta que el conductor hace implica la pérdida de puntos en su
permiso, hasta que estos se agotan y se obtiene la pena máxima la
cancelación del permiso por varios años.
Como resultado de esta
política, el número de accidentes mortales en España bajó un 45%.
Un número que demuestra la eficacia de medidas regulatorias, que de
ser bien aplicada implican un beneficio directo para el usuario de un
automóvil.
Lo que no puede seguir
existiendo son conductores ignorantes de la ley, menores de edad al
volante de unidades de transporte público, y falta de control por
parte del estado. Ninguna política que se implemente o
infraestructura que se adecue tendrá el resultado esperado, si esta
no se acompaña por un programa de concientización sobre los
reglamentos y ordenes existentes. Al final, es una obligación y un beneficio mutuo que puede no sólo agilizar la ciudad, si no también
hacerla un lugar más humano por el bienestar de todos.
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