Transporte público

Cambiar el modelo
El Imparcial 27 de diciembre del 2012


El siglo XXI avanza con la temeridad del tiempo sin que podamos hacer mucho al respecto, de no ser aprovechar cada oportunidad que este nos da para intentar mejorar nuestro calidad de vida, por lo tanto nuestro entorno. 

Pero en muchos lugares, esta entrada a un momento histórico marcado por la ciencia y el uso de las tecnologías no ha representado si no una frivolización de la mismas. Tenemos dispositivo electrónicos que nos sirven para  conectarnos en tiempo real con cualquier parte del mundo, pero los utilizamos más para transmitir cotidianidades, que para captar o difundir conocimiento.

Hemos desarrollado todo tipo de nuevas curas y tratamientos médicos, pero no están disponibles para la mayoría de la población. Tenemos una inmensa variedad de de tecnologías constructivas, pero seguimos aferrados a procesos costosos, poco eficientes y contaminantes. Arribamos a esta nueva era con unas inmensas expectativas de mejora, pero apenas hemos elevado un poco el nivel de vida de un número de personas reducido.

Esta tendencia se observa también en algo tan cotidiano como el transporte público de nuestras ciudades. Pese a contar con mecanismos que nos permitirían medir y regular el flujo de unidades en la ciudad, seguimos sin saber a que hora sale o a donde va la gran mayoría de los vehículos de transporte público que sobre la ciudad y su área metropolitana se desplazan.

Por todo el mundo se ha desatado una carrera revolucionaria en cuanto a la eficiencia de motores y fuentes de poder, incluso con el uso de combustibles no contaminantes. Sin embargo, en esta y la gran mayoría de las ciudades del país, se queman combustibles hidrocarburos, que para colmo se procesan en su mayoría fuera del país. Por que nosotros producimos petróleo, pero no gasolina, ni diesel, los cuales importamos en su mayoría de Norte América.

Cientos de ciudades de todo el planeta, han iniciado una lenta pero constante transformación rumbo a la construcción de sistemas de movilidad más eficientes basados en las nuevas innovaciones que nuestra generación ofrece. Mientras tanto, en nuestro país estos sistemas de transporte de los cuales depende la movilidad de cientos de miles de personas, operan con tecnología, procesos y sistemas que poco distan de la era del carbón, y que los hacen extremadamente ineficientes y caros.

Cada tanto en la ciudad de Oaxaca se abre el debate sobre la necesidad de incrementar el precio del transporte público debido al alza en el precio de combustibles y lubricantes, así como el de algunos otros insumos necesarios para que se mantengan en operación. La verdad es que la problemática del transporte público es mucho más profunda que un simple aumento de tarifas.

No sólo es la falta de planeación de la red que rebasa la demanda de lugares y viajes, está también el echo de que no hay un control fiscal sobre el transporte, por lo tanto no tenemos idea de cuanto cuesta realmente la operación del sistema. Tampoco consta que quienes en esas empresas trabajan lo hagan en condiciones regulares de trabajo, sabemos del sistema de “cuenta” que obliga al chofer a obtener un ingreso mínimo para el patrón, --que varía de ruta en ruta-- y sólo si supera esa meta, es que el puede aspirar a ganar algo. 

Esto explica en buena parte las largas jornadas de trabajo, el mal estado anémico, el estrés de los operadores y las carreras urbanas en nuestras calles.

Lo cierto es que de aprobarse el aumento propuesto de casi un 20% al precio del transporte público en la ciudad, de nuevo el gobierno entregará un cheque en blanco a los concesionarios de transporte, contra la promesa de mejorar. Pero como confiar en esta suposición si recuerda a la que se hizo apenas un año y poco más, cuando la tarifa se incrementó en un 10%, más por chantaje, una vez que muchas unidades cobraban hasta seis pesos por viaje, es decir se habían auto asignado aun aumento del 20%, que luego se redujo.

Nadie niega la necesidad de que se mejoren las condiciones de quienes viven de la prestación de estos servicios, tampoco del legítimo derecho de hacer empresa y obtener dividendos. Pero la pregunta es la de siempre, ¿Donde queda el derecho de las personas de recibir un servicio de calidad por el que pagan?

En ciudades con economías precarias como es el caso de la nuestra, donde una gran mayoría de sus habitantes viven al día, debiéramos de preocuparnos cada vez más este debate. Si el aumento al salario mínimo este año es de menos de cuatro pesos –que no absorbe ni el incremento en kg de huevo--, y el del transporte de uno, distribuyamos esto en el numero de viajes por día, por familia, y obtendremos sin duda un dividendo social muy desigual.

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