Peatonalizar “no” privatizar
Dos conceptos distintos
El Imparcial 26 de febrero del 2014
En fechas recientes ha sido notable
como en algunos sectores del centro histórico –sobretodo su parte
norte--han ido apareciendo barreras o algún tipo de elemento que
impide el paso de vehículos a estas calles. Sin embargo sí se
mantiene el paso de vehículos para los residentes de estas zonas,
que normalmente estacionan precisamente en las calles donde pretenden
de echo limitar el paso de vehículos de motor.
Lo que pareciera un intento por
transformar estas calles hacia un modelo que favorece más al peatón
no es si no la privatización del espacio mismo que en la calle
ocupan estos vehículos, sobra decir de carácter privado. Es el
equivalente a un masivo apartado de lugar, del que muchas veces se ha
hecho mención y rechazo en distintos espacios y foros.
Peatonalizar un espacio en favor de una
mejor circulación significa liberar una calle de la presencia de
vehículos, no una simple limitante para que aquellos que en la calle
en cuestión habitan puedan tener un mejor acceso a sus casa, calles
más silenciosas y por consecuente una mejor plusvalía de sus
propiedades. Lo que finalmente se hace es transformar él espació
público en una propiedad “privada”
Precisamente los beneficios que hemos
mencionado antes, vienen acompañados de una serie de desventajas que
en su mediación significan el sentido y beneficio público. Que una
calle este libre de tráfico y presencia de automóviles en el frente
de las fachadas, también aplica para los residentes del lugar, de no
ser así el caso, el fenómeno se reduce a dar beneficios a un grupo
minoritario por encima de la mayoría.
Imaginemos por un momento que cada uno
de los habitantes del centro o de la ciudad demanda iguales
condiciones para su calles sin un acuerdo de por medio. Que decidiera
limitar el acceso a su calle en virtud de “mantener” el sentido
particular y privativo de alguna calle o callejón. El resultado
sería la imposibilidad de circular de un lado a otro libremente por
la ciudad, rompiendo un derecho común.
Impulsar el modelo peatonal o
semi-peatonal en algún sector de la ciudad no puede ser el resultado
de la decisión de un grupo de vecinos que decide cerrar su calle.
Debería ser un proceso de negociación con beneficios y compromisos
por igual, donde queden claras la reglas del juego y se obtengan
igualdad de condiciones sobre un espacio; la calle que no olvidemos,
representa la mayor parte del espacio público de las ciudades.
Normalmente cuando se inicia un proceso
de mejora de la infraestructura peatonal en algún lugar, existe una
resistencia por una parte de los habitantes de estas calles a que se
limite su acceso a la cales que habitan. Aunque también es normal
que estén de acuerdo en que el resto de los vehículos de la ciudad
queden fuera de esta posibilidad si ellos no son incluidos en estas
restricciones. Esta forma de pensar se conoce como NIMBYsmo y
proviene del inglés: Not in my back yard. --no en mi jardín
trasero--
Es decir, esto esta bien mientras no me
afecte a mi en lo particular, en este caso quiero mi calle sin
tráfico excepto el mío propio. La pregunta es, ¿qué beneficio
trae al resto de los habitantes de la ciudad que se limite el
transito en alguna calle propiedad de todos?
Desde luego que en esta columna hemos
prodigado sobre los beneficios de hacer la ciudad más amables para
los peatones y disminuir la presencia de los vehículos de motor en
la ciudad. Pero este proceso debe ser resultado de un proceso de
planeación y acuerdo, de un análisis consiente de los costos y
beneficios que esto acarrea, así como de las responsabilidades y
compromisos que tanto sociedad y gobierno obtienen.
Si los propietarios y residentes de una
calle quieren reducir el tráfico en sus fachadas y así incrementar
el valor de sus propiedades, lo justo sería que se incluyan en el
esquema y no supongan que sus autos están exentos de esta
responsabilidad. El beneficio que implica una calle más silenciosa y
un incremento del 15% al 75% el costo de su propiedad debería ser
suficiente, de otra manera la aplicación de altos impuestos
particulares por ese derecho equilibra la balanza.
Las ciudades deben encontrar mecanismos
donde este tipo de modelos se construyan sin que las administraciones
pierdan rectoría sobre lo que propiedad de todos. Poner por acuerdo
vecinal un valla en el acceso de una calle pública no es otra cosa
que sobrepasar a la administración y negar el derecho de circulación
a muchos en beneficio de muy pocos.
La calle es un valor público y su
transformación hacia un espacio amable con el peatón debe ser un
proceso regulado y justo, donde haya derechos y obligaciones
compartidas, y donde todos seamos parte de los beneficios y
responsabilidades que el modelo de la ciudad pro-peatón significa.
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